48h después del bloqueo, la Audiencia Nacional ha solicitado un escrito sobre el impacto de la red social por lo “desproporcionado” de la medida

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha decidido suspender el bloqueo temporal a la popular aplicación de mensajería Telegram en España, apenas dos días después de haberlo dictado en respuesta a una demanda de Movistar +, Atresmedia y Mediaset por la distribución de contenido protegido por propiedad intelectual a través de la plataforma.

La medida había sido cuestionada por expertos en derecho digital, quienes la consideraron «desproporcionada». En un comunicado, el órgano judicial explicó que el magistrado ha solicitado más información a la Policía Nacional sobre el impacto que podría tener en los usuarios este bloqueo temporal, así como detalles adicionales sobre la naturaleza de la plataforma.

El auto del juez, que había defendido la medida como una forma de garantizar que no se siguiera infringiendo la propiedad intelectual, se basaba en la falta de colaboración por parte de Telegram tras una comisión rogatoria enviada a las Islas Vírgenes en julio del año anterior.

A pesar de que la Audiencia Nacional anunció que los operadores tendrían tres horas para ejecutar el bloqueo, este no llegó a entrar en vigor debido a que las compañías no recibieron la comunicación durante todo el fin de semana.

Expertos en derecho digital argumentan que la medida es «surrealista» y «desproporcionada», y expresan dudas sobre si se habría tomado una medida similar en el caso de una plataforma como WhatsApp. Señalan que, en ocasiones anteriores, se optó por identificar a los miembros infractores en lugar de bloquear toda la aplicación.

La decisión del juez Pedraz de suspender el bloqueo a Telegram en España genera un alivio entre los usuarios y expertos en derecho digital, quienes consideraban la medida excesiva y cuestionaban su efectividad para combatir la distribución ilegal de contenido protegido por propiedad intelectual. Ahora, a la espera de más información por parte de la Policía Nacional, queda por ver cómo se resolverá este conflicto entre los derechos de propiedad intelectual y el acceso a la comunicación en línea.