Por Redacción
El Consejo de Ministros aprobó este martes el anteproyecto de una de las leyes más complejas del sector sanitario, la encargada de fijar los precios de los fármacos tanto a la industria como a los pacientes, establecer su prescripción y las condiciones para su venta en farmacias. Una reforma integral con la que, dice Sanidad, se quiere apostar por los genéricos, favorecer la innovación y cambiar la forma de negociar con los laboratorios y que, desde su anuncio, ha sido rechazada por el sector. De hecho, horas después de su aprobación, llegó el comunicado de las patronales criticando con dureza el nuevo sistema.
En dicho comunicado se advierte de que el sistema propuesto de regulación de precios de los fármacos fuera de patente, conocido como “de precios seleccionados” y que viene a sustituir al actual modelo “de precios de referencia”, pone en riesgo el abastecimiento de medicinas y a la propia industria farmacéutica de nuestro país, afectando asimismo a las propias farmacias. Denuncian que generará una tendencia automática a minimizar precios de medicinas fuera de patente, “haciendo inviable la continuación de muchas líneas de producción de medicamentos en España e intensificando los actuales problemas de suministro de medicamentos, en un mercado ya muy tensionado”. La realidad es que, desde hace más de tres años, el desabastecimiento seguía aumentando para desconcierto de profesionales y, sobre todo, de pacientes crónicos.
De hecho, a los médicos les tocó “reinventarse” y recurrir a los denominados tratamientos off-label, es decir con fármacos en principio “fuera” de las específicas indicaciones para las que fueron aprobados. La falta de amoxicilina pediátrica obligó, por ejemplo, a que la Agencia Española del Medicamento recomendara la dispensación fraccionada del formato hasta entonces exclusivo para adultos. Y este fue solo un fármaco más de una lista de medicinas en falta: paracetamol, Primperan, Demirox y, por supuesto, el ya famoso Ozempic, afectado además por la inesperada demanda.
Pero, ¿qué cambia exactamente este nuevo modelo de precios seleccionados que acaba con el de precios de referencia? Mucho y de forma aún no “probada”. El nuevo sistema es, en realidad, una subasta continuada en la que gana el medicamento con la oferta más barata. Cada seis meses, el Ministerio establecerá un precio para cada agrupación homogénea de medicamentos – por ejemplo, paracetamoles, ya sean principios activos o de marca -. Y a partir del fármaco con el precio más bajo ofertado, volverá calcularse el “nuevo” precio.
Tampoco ha gustado la ley a los farmacéuticos. El Consejo General de Colegios de estos profesionales advierte de pérdidas de empleo y reducción del número de farmacias. Además, de nuevo, de un mayor riesgo de desabastecimiento. Han manifestado asimismo su preocupación acerca de cómo afectará a los enfermos en relación a lo más importante: la continuidad de los tratamientos. Se avecina, por tanto, una difícil tramitación parlamentaria – otra más -, agravada por la decisión de Sanidad de introducir en el anteproyecto, desde el principio, la reforma del copago farmacéutico para penalizar a las rentas más altas.
En cualquier caso, el anteproyecto incluye muchos más cambios, algunos de ellos que pretenden poner las cosas más fáciles al sector. Es el caso de la reducción del plazo que transcurre desde que la Agencia Europea del Medicamento aprueba un medicamento hasta que se financia en España. Hasta ahora, el tiempo rondaba de media más de 600 días, que se verían reducidos a 180, una medida que llevaba tiempo siendo reclamada por los laboratorios más innovadores, aunque la realidad es que la misma ya estaba en la normativa europea sin que en España se cumpliera.
La ley permitirá, por otra parte, que las comunidades autónomas puedan hacer compras conjuntas para medicamentos de alto coste, como los tratamientos oncológicos o las terapias personalizadas. Serviría, como ocurrió en la UE con las vacunas del Covid, para que la negociación con la industria farmacéutica consiga precios más ajustados. Otra novedad será la financiación precoz para casos urgentes, que será provisional, con condiciones y para medicamentos muy especiales. En definitiva, se trata de la posibilidad de acelerar la financiación de medicamentos que aún no hayan recibido la luz verde de Sanidad, pero solo en el caso de ser tratamientos muy prometedores o vengan a cubrir una necesidad médica hasta entonces no cubierta.
Otra de las novedades afecta a los fármacos de laboratorios que decidan vender por encima del precio de referencia, ya que quedarán excluidos de la financiación pública. Podrán, eso sí, tener una financiación parcial. El Estado financiará lo que costaría el precio más bajo del genérico financiado y el paciente asume la diferencia en caso de que prefiera esa medicina, aunque sea una marca no seleccionada. La industria farmacéutica, por su parte, ya ha afirmado que, en la práctica, esto supone simplemente la introducción de un nuevo copago.
Por último, la ley también entra en el que ha sido siempre uno de los grandes caballos de batalla en la Sanidad. ¿Quién y qué puede recetar? En los últimos cinco años, se habían ido autorizando guías para permitir al personal de enfermería recetar fármacos para tratar heridas, quemaduras o, por ejemplo, paracetamol e ibuprofeno para la fiebre, pero el “poder” de la prescripción ha correspondido siempre a los médicos. La excepción: podólogos y odontólogos que, en el ámbito de sus competencias, pueden recetar antiinflamatorios y antibióticos. Y esta excepción sirve ahora para la nueva ley: la prescripción por parte del personal sanitario de un hospital será como la de los odontólogos y podólogos. Es decir, podrán prescribir en el ámbito de sus competencias. Ahora bien, el problema es precisamente esa amplia acepción. ¿Qué tipo de fármacos entran en el ámbito de sus competencias? El Ministerio explica que este crucial punto quedará definido más tarde, en el correspondiente real decreto.
A. Huerta
